La gestión integral de residuos y desechos sólidos (GIRS) representa uno de los mayores retos para la administración pública moderna. En un contexto económico dinámico, la determinación de los costos del servicio de aseo urbano ha generado intensos debates jurídicos. La pregunta central que hoy abordamos es: ¿Tienen validez legal las tarifas GIRS por decreto?
La respuesta, respaldada por la reciente sentencia del TSJ, Sala de Casación Civil, de fecha 14-04-2026 (Caso Furgo Estaca, C.A) y los criterios del abogado Julio Alejandro Pérez Graterol es un contundente sí. La fijación administrativa de estos montos no solo es legal sino necesaria, para garantizar la operatividad de un servicio que es vital para la salud pública.
La naturaleza jurídica de las Tarifas GIRS por Decreto: Del tributo al precio privado
Para comprender la validez de las tarifas GIRS por decreto es imperativo distinguir la naturaleza del cobro. En opinión del abogado Pérez Graterol, en artículo de su autoría, ¿Qué son las tarifas del aseo urbano?:
…el servicio de limpieza urbana es un servicio público donde los usuarios están obligados a coadyuvar con sus gastos, tal como dictan los artículos 132 y 133 de la Constitución (CRBV, 1999).
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre los servicios inherentes al Estado donde se paga una tasa tributaria y los servicios de gestión económica o comercial. Cuando la recolección es delegada a una empresa privada mediante concesión, el cobro se transmuta en un precio privado. Como indica la sentencia del TSJ de 2026: «el cobro por el servicio… no es un impuesto ni una tasa, sino un precio privado». Al perder su carácter tributario, el monto puede ser establecido y ajustado por el Ejecutivo Municipal mediante decretos o resoluciones, sin estar atado a la reserva legal que exigiría una reforma de ordenanza para cada variación de costo.
El respaldo del TSJ a las tarifas GIRS por decreto
La sentencia del 14 de abril de 2026 confirma este esquema. El fallo ratifica que los actos administrativos dictados por los entes reguladores (vgr Alcalde, ente descentralizado, etc) facultan el cobro de tarifas GIRS de manera válidas y legítimas.
Un argumento de gran peso en la decisión es el carácter del servicio como uti singuli. El TSJ determinó que la obligación de pago nace ex lege (por mandato de la ley) desde que el servicio se pone a disposición del inmueble. Por tanto, las tarifas GIRS por decreto son exigibles de inmediato, independientemente de si el suscriptor ha firmado o no un contrato individual, ya que la Ley de Gestión Integral de la Basura (LGIB, 2010) así lo establece para garantizar el bienestar colectivo.
Viabilidad financiera y flexibilidad en las tarifas GIRS por decreto
La administración pública requiere agilidad técnica. Esperar por procesos legislativos para ajustar tarifas en una economía con costos fluctuantes pondría en riesgo la recolección de basura. El abogado Pérez Graterol destaca que las tarifas GIRS por decreto permiten aplicar, con precisión, los criterios de la LGIB y la reciente Ley de Armonización Tributaria (LOCAPTEM, 2023).
Esta ley, lejos de prohibir este mecanismo, ratifica la necesidad de asegurar la viabilidad financiera de las empresas prestadoras. Esto permite que, a través de decretos, se utilicen Unidades de Cuenta Dinámicas (vgr, tipo de cambio oficial de la moneda extranjera de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela), para proteger el valor de la tarifa frente a la inflación. Además, posibilita el uso del metraje de los inmuebles como un medio válido para proyectar la capacidad de generación de desechos, un criterio técnico que la sentencia del TSJ también validó al desestimar impugnaciones que pretendían calificar estos cobros como arbitrarios.
El sistema de subsidios en las tarifas GIRS por decreto
Otro aspecto fundamental que se gestiona mediante las tarifas GIRS por decreto es la equidad social a través de los subsidios cruzados. El abogado Pérez Graterol analiza los criterios para el cálculo de tarifas del servicio de basura y, entre otras consideraciones muestra que los sistemas tarifarios municipales tienden a identificar estratos sociales (unifamiliar, multifamiliar, social) para aplicar cobros diferenciados.
Este esquema permite que los sectores comerciales e industriales, con mayor capacidad económica y generación de desechos aporten una tarifa proporcionalmente mayor que subsidia a las zonas residenciales de menores recursos. La flexibilidad del decreto administrativo permite ajustar estos porcentajes de subsidio de manera técnica asegurando que el sistema sea justo. Como señala la doctrina: «Se observa la utilización de subsidios cruzados como una tendencia… donde la tarifa social puede ser hasta cinco veces inferior a la residencial estándar».
Conclusión
El panorama jurídico actual deja claro que las tarifas GIRS por decreto gozan de presunción de legalidad y fuerza ejecutiva. La sentencia de 2026 valida el uso de facturas proformas como documentos probatorios (tarjas) suficientes para demostrar la acreencia en juicio. Así como también, el establecimiento de las tarifas GIRS por decreto es la respuesta jurídica a la necesidad de servicios públicos eficientes. Al ser un precio privado derivado de una concesión legal, su fijación administrativa garantiza que las empresas operadoras cuenten con los recursos necesarios para mantener las ciudades limpias, protegiendo el derecho a la salud y el equilibrio económico del municipio.
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Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Enseñanza de la Historia y Profesora en Ciencias Sociales. Investigadora de las Ciencias Sociales: Historia, Educación, Genealogía con publicaciones científicas y de opinión en medios físicos y digitales indexados. Redactora de artículos científicos, opinión y notas periodísticas en blogs académicos (Ágora, UniversitasFundación). Editora de textos para publicación (físicos y electrónicos).