El control previo del compromiso es un mecanismo fundamental en la gestión de las finanzas públicas. Su objetivo es asegurar que los compromisos de gastos que asumen los entes públicos se ajusten a la legalidad y a la disponibilidad presupuestaria. La omisión del control previo puede tener implicaciones para la eficacia del contrato, especialmente si se relaciona con el incumplimiento de la normativa sobre crédito público.
El presente artículo analiza las implicaciones de la omisión del control previo del compromiso y el incumplimiento de la normativa sobre crédito público para la eficacia del contrato, a la luz del Memorando CGR 04-02-129 del 1° de noviembre de 2000. Este análisis se centra en la distinción entre validez y eficacia del contrato, la convalidación del compromiso y la importancia de la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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Validez y eficacia del contrato
Es importante distinguir entre la validez y la eficacia del contrato. La validez se refiere a la existencia del contrato como acto jurídico mientras que la eficacia se refiere a la capacidad del contrato para producir efectos jurídicos. La omisión del control previo del compromiso no afecta la validez del contrato siempre que éste cumpla con los demás requisitos esenciales. Sin embargo puede afectar su eficacia, es decir, su capacidad para ser ejecutado.
La convalidación del compromiso
La ausencia de control previo del compromiso no implica su nulidad sino su ineficacia. El compromiso puede ser convalidado mediante la realización del acto omitido, es decir, el control previo. Esto significa que el ente público puede subsanar la omisión del control previo y dar eficacia al contrato.
La disponibilidad presupuestaria
La disponibilidad presupuestaria es un requisito esencial para la eficacia del contrato. Si el ente público no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a sus compromisos contractuales, el contrato no podrá ser ejecutado. En este sentido, el incumplimiento de la normativa sobre crédito público que regula la obtención de financiamiento para el Estado, puede afectar la eficacia del contrato.
La aprobación legislativa
La aprobación legislativa de una operación de crédito público puede ser necesaria para que el ente público cuente con la disponibilidad presupuestaria y así cumplir con sus obligaciones contractuales. Si este requerimiento es necesario para la obtención del financiamiento, la falta de dicha aprobación puede impedir la ejecución del contrato.
El control previo y la disponibilidad presupuestaria
El control previo del compromiso incluye la verificación de la disponibilidad presupuestaria. Si el ente público no cuenta con la disponibilidad presupuestaria, el órgano de control fiscal no aprobará el compromiso. En este sentido, el control previo del compromiso es un mecanismo que busca asegurar que los contratos se ajusten a la disponibilidad presupuestaria.
La averiguación administrativa
La omisión del control previo del compromiso y el incumplimiento de la normativa sobre crédito público pueden dar lugar a la apertura de una averiguación administrativa, procedimiento que tiene como objetivo determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron en la celebración del contrato.
Conclusión
La omisión del control previo del compromiso no afecta la validez del contrato pero puede afectar su eficacia. El compromiso puede ser convalidado mediante la realización del acto omitido, es decir, el control previo. La disponibilidad presupuestaria es un requisito esencial para la eficacia del contrato. El incumplimiento de la normativa sobre crédito público puede afectar la eficacia del contrato, si de la aprobación legislativa depende de que el organismo tenga disponibilidad presupuestaria.
La Contraloría General de la República puede realizar una inspección fiscal y de acuerdo con los resultados obtenidos, proceder a la apertura de una averiguación administrativa. Es importante que los entes públicos cumplan con la normativa sobre control previo del compromiso y crédito público, para asegurar la legalidad y la eficacia de los contratos que celebran.
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Abogado; Consultor;Docente; I+D+I; Estudios en Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal; Control Gestión Pública; Régimen Presupuestuario; Socio @ElBufeteNet Director @UniversitasF_