La Ley de Licitaciones en Venezuela (G.O. Extraordinaria No. 5.386 del 11-10-99 vigente para el momento del Memorando) establece un marco regulatorio para los procedimientos de selección de contratistas por parte de los órganos y entes del sector público (Contraloría General de la República). Con esta ley se pretendió garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la selección de la oferta más ventajosa para el Estado. Cuando se producen violaciones a la Ley de Licitaciones, se activan procedimientos sancionatorios para determinar la responsabilidad de los involucrados.
En este contexto surgió la interrogante sobre la competencia de la Contraloría General de la República para continuar y decidir los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Licitaciones de 1999 (para aquel momento). El presente artículo analiza esta cuestión a la luz del Memorando No. 04-02-177 del 23 de noviembre de 2000 emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
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La Ley de Licitaciones y los procedimientos licitatorios
La Ley de Licitaciones ya citada reguló los procedimientos de selección de contratistas en el sector público. Estos procedimientos, que incluyen la licitación general, la licitación selectiva y la adjudicación directa, tienen como objetivo asegurar la transparencia y la competencia en la contratación pública.
La competencia de la Contraloría
La Contraloría General de la República, como órgano de control fiscal, tiene la competencia para sancionar las violaciones a la Ley de Licitaciones. Esta competencia se ejerce a través de procedimientos sancionatorios que buscan determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios o particulares que hayan incumplido la Ley.
La continuación de los procedimientos sancionatorios
El artículo 117 de la nueva Ley de Licitaciones establecía que, en los procedimientos licitatorios que se encuentren en curso para la fecha de entrada en vigencia de la Ley, se continuarán aplicando los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones anterior. Sin embargo, esta disposición no se aplica a los procedimientos sancionatorios que tienen una naturaleza distinta a los procedimientos licitatorios.
La aplicación de la Ley Orgánica de la Contraloría
La Contraloría General de la República puede continuar y decidir los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la nueva Ley de Licitaciones con fundamento en el artículo 114 de su Ley Orgánica. Este artículo establece la competencia de la Contraloría para sancionar los actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o reglamentaria, incluyendo las violaciones a la Ley de Licitaciones.
La imposición de multas
La Contraloría General de la República puede imponer multas a los responsables de violaciones a la Ley de Licitaciones de conformidad con el artículo 114 de su Ley Orgánica. Estas multas tienen como objetivo sancionar las conductas que atenten contra la transparencia y la eficiencia en la contratación pública.
La necesidad de un procedimiento administrativo
La imposición de multas por parte de la Contraloría General de la República debe realizarse a través de un procedimiento administrativo que garantice el derecho a la defensa de los presuntos responsables. Este procedimiento debe ajustarse a los principios del debido proceso, incluyendo el derecho a ser oído y a presentar pruebas.
La importancia del control fiscal
El control fiscal desempeña un papel fundamental en la prevención y sanción de las violaciones a la Ley de Licitaciones. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus funciones de control, debe velar por el cumplimiento de la Ley y asegurar la transparencia en la contratación pública.
Conclusión
La Contraloría General de la República tiene la competencia para continuar y decidir los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Licitaciones de 1999. Esta competencia se ejerce con fundamento en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría que establece la facultad de la Contraloría para sancionar las violaciones a la Ley de Licitaciones.
La imposición de multas por parte de la Contraloría debe realizarse a través de un procedimiento administrativo que garantice el derecho a la defensa de los presuntos responsables. El control fiscal desempeña un papel fundamental en la prevención y sanción de las violaciones a la Ley de Licitaciones, asegurando la transparencia y la eficiencia en la contratación pública.
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