Compliance y combate a la corrupción en el sector público

El compliance es una estrategia crucial en el combate a la corrupción en el sector público; de esa manera mejora su transparencia e  integridad.

Este fenómeno ha adquirido en México dimensiones preocupantes. Su análisis amerita identificar los desafíos actuales para  combatirla y así garantizar una gestión más efectiva. 

El abogado Sergio Martín, Presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, abordó este tema en la videoconferencia «Compliance en el sector público y el combate a la corrupción en México» organizada por Universitas Fundación #AulaDerechoPúblico.

La corrupción en el sector público en México  

La corrupción en México ha afectado gravemente la economía y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. A pesar de los ingentes esfuerzos, el país enfrenta desafíos significativos en la lucha contra este fenómeno.

Sabemos que la gran corrupción está en la contratación pública, aún no resuelto, comenta Martín. El gobierno denota una obsolescencia operativa. México ha caído a nivel económico y de competitividad. Las medidas adoptadas son inefectivas. Y las circunstancias se agravan; los problemas sociales crecen y cada vez hay menos recursos.

El modelo de gobernanza es obsoleto, burocrático y no ha evolucionado para que las decisiones algorítmicas sean más directas y así el servidor público cumpla cabalmente con sus funciones.  

El tema de la corrupción es multifactorial. Implica diversidad de aspectos: fraude, evasión fiscal, lavado de dinero, conflicto de intereses, abuso de poder, en fin, un conjunto de delitos en función de su materialización, la desviación del dinero público.  

Los efectos se sienten en la inversión de intereses; el interés propio adquiere prioridad y no la generalidad, la sociedad y el bien común. El abuso de poder se tipifica, entonces, en la materialización del riesgo requerido.

Por consiguiente, la sociedad se deteriora; el poder político no toma decisiones y obvia la representación de los intereses públicos. Las  iniciativas legislativas se ocupan más de los intereses grupales que de los sociales. 

Combate a la corrupción en el sector público

La corrupción es un fenómeno recurrente entre el gobierno y las empresas; detenerla implica la adopción de ciertas decisiones y así  vencer la impunidad. 

Hay inefectividad en las empresas y más del 70% de ellas mueren por la inefectividad de las políticas públicas. El mercado informal crece mucho más que la formalidad con todas sus implicaciones en el pago de impuestos, seguridad social y cuotas sobrepatronales. 

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Su origen emana de la obsolescencia de la administración pública por dificultades en la obtención de los datos, indispensables para la toma de decisiones. Igualmente la debilidad tecnológica y los riesgos que exacerban los abusos de poder. 

La buena comunicación no fluye entre empresas y gobierno; ello afecta el devenir de la sociedad quien se abstiene de participar en las actividades públicas. 

Siempre en la corrupción hay conflicto de intereses, precisa Martín. Yo me salgo del papel de servidor público, interpongo mis intereses personales o los intereses de otras personas o grupos políticos para desviar el dinero público, extorsionar vía sobreregulación, por ende, adoptar decisiones no necesariamente apegadas a la ley.

Este servidor público poco coadyuva en la búsqueda de resultados y del bien común, finalidad  del Estado. Por consiguiente, la corrupción se incrementa así como los daños subsecuentes a la sociedad. 

La inversión se distorsiona, el nivel económico se afecta, el riesgo país se incrementa, por ende, las oportunidades y la inversión merman y el dinero que se consigue es más caro. 

La desfiguración ocasionada por la corrupción afecta la producción, la competitividad, la gestión pública. Y en cuanto gasto público, no se genera un impacto social. 

El marco normativo y la anticorrupción 

Los instrumentos jurídicos se deben construir y así el ciudadano haga valer sus derechos. Se debe robustecer el estado de derecho y  mejorar los niveles de inefectividad cuando se imparte justicia. 

En el 2016 se introdujo una reforma legal y se creó el Sistema Nacional Anticorrupción integrándose el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el Sistema de fiscalización.

Los resultados de esta reforma fueron limitados en el combate de la corrupción. Aún persiste, entre los ciudadanos, la percepción de que las instituciones no están cumpliendo con su deber.

El objetivo de transversalizar los niveles federal, estatal y municipal y así unificar las versiones para el tratamiento de la corrupción, la identificación de riesgos, las observaciones y las faltas administrativas, aún no se logra. 

Se hace necesario construir una base de datos en una plataforma digital nacional que permita generar estadística, tomar decisiones e instrumentar la debida gestión de riesgos. 

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A pesar de ciertos avances, la corrupción sigue siendo un problema complejo que requiere un enfoque multifacético. La falta de credibilidad en las instituciones y la impunidad son obstáculos a ser superados.

Por consiguiente, el gobierno y el sector privado deben trabajer conjuntamente y establecer  los controles para prevenir los actos de corrupción.

El compliance: desafíos y oportunidades en la lucha contra la corrupción

La cultura de integridad y la transparencia en todos los niveles de la administración pública y la capacitación y educación en temas de compliance son fundamentales para lograr un cambio sostenible en circunstancias de riesgo total.

El compliance, para Martín, es un enfoque al cumplimiento normativo. Es una metodología que nos lleva de la mano sobre los elementos que debemos implementar para tener en control el riesgo, anticiparnos a cualquier riesgo potencial para tomar decisiones y, sobre todo, hacer que las organizaciones tengan un bajo nivel de riesgo. Con estándares, políticas y  gestión de riesgos de forma efectiva, con código de ética y de conducta. Pero todo tiene que funcionar de forma sistémica para que podamos dar resultado

Hoy se reconoce que los controles son inefectivos, tanto el interno como el externo; no contienen el riesgo. Igualmente el control jurisdiccional con un expediente completamente descompuesto y corrupción de jueces y servidores públicos.

Por lo tanto, el compliance nos remite al enfoque directo del cumplimiento normativo; si se hacen las cosas bien, pues se genera confianza y se luce más atractivo en el mercado. 

Porque, precisa Martín, represento menos riesgos, buena reputación, mejor control en la organización y mejor modelo de gobernanza. Vamos evolucionando porque, como quieres ser más transparente y evitar la manipulación en los procesos, te vas automatizando y lo vas haciendo de mejor forma. Te internacionalizas, entre muchas cosas. 

Si con el compliance se exime o diluye la responsabilidad o ambas porque se hizo bien, sin falsedades, con evidencia de que todo lo que se está haciendo es efectivo y se busca prevenir que se materialicen los riesgos dentro de la organización, entonces se logra pasar la evaluación subjetiva. 

La gestión de riesgos implica tener el control de la organización; esto es un sistema. Y evitar la corrupción comienza por conocer los riesgos a enfrentar, con valores y principios que den buena reputación. 

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Conclusiones y recomendaciones para un futuro transparente

El camino hacia una administración pública transparente en México es largo pero no imposible; requiere la combinación de esfuerzos legislativos, culturales y educativos para avanzar hacia una sociedad más equitativa y con instituciones que representen los intereses de la ciudadanía.

Precisa la implementación efectiva de mecanismos de compliance y fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción; igualmente, un compromiso firme, por parte de los actores involucrados, para construir un futuro más justo y transparente.

Los servidores públicos, eje de las decisiones, deben concentrarse en los seres humanos para ofrecerles resultados, desde los valores y principios, vocación y resultados. 

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