El falso supuesto es una de las patologías más relevantes que conducen a la arbitrariedad administrativa, un riesgo constante en la relación con el Estado. Ocurre cuando una decisión administrativa, aún revestida de formalidad, se fundamenta en una premisa equivocada porque la realidad que motiva el acto no es tal como se presenta, o si el derecho invocado es aplicado de forma incorrecta. Es en esa discordancia entre la decisión y su fundamento jurídico donde se origina este vicio, un concepto clave en el derecho administrativo.
El falso supuesto de hecho y los hechos irreales como fundamento de la arbitrariedad
Todo acto administrativo debe fundamentarse en una causa legal compuesta por los antecedentes de hecho y de derecho que exige la norma para que la administración pueda actuar. Esta causa debe ser expresada en la motivación del acto, que es la explicación formal de dichas razones. El vicio de falso supuesto de hecho ataca directamente este núcleo cuando la premisa fáctica expresada en la motivación es inexistente, distinta a la realidad o ha apreciado de forma incorrecta, dando pie a la arbitrariedad administrativa
En esencia, el acto se construye sobre una base irreal, pudiendo deberse a un error en la valoración de pruebas, a la simple inexistencia del hecho que se da por probado o a la tergiversación de las circunstancias que rodearon un evento. Aunque el acto aparente ser formalmente válido, su fundamento fáctico es una ficción creada por la administración, lo que lo vicia a través de un falso supuesto y genera arbitrariedad administrativa
El falso supuesto de derecho al errar en la aplicación de la norma
La segunda manifestación del falso supuesto ocurre cuando la administración acierta plenamente en la constatación de los hechos, pero se equivoca al aplicar el marco jurídico que rige la situación. El error no está en la percepción de la realidad, sino en la selección o interpretación de la norma de derecho.
Este tipo de falso supuesto se produce, fundamentalmente, en tres supuestos: Cuando la administración fundamenta su decisión en una norma legal que no es aplicable al caso concreto; cuando aplica una disposición que ha sido derogada o que nunca existió; o cuando, aplicando la norma correcta, le otorga un sentido o alcance que ésta no tiene. En estas situaciones, el acto administrativo queda igualmente desprovisto de fundamento, configurando una arbitrariedad administrativa, pues su base jurídica es tan errónea como lo sería una base fáctica irreal.
Un caso pertinente sería la suspensión de un lapso de prescripción con fundamento en la situación de pandemia por COVID-19, sin que existiera un decreto o ley que estableciera expresamente dicha suspensión para el procedimiento en cuestión. Si bien el hecho de la pandemia era notorio, la administración aplicó una consecuencia jurídica “la suspensión del plazo” sin una base legal que la respaldara, incurriendo en un falso supuesto de derecho, una forma de arbitrariedad administrativa, al basar su actuar en una norma inexistente para ese caso particular.
“¿Has enfrentado una decisión que consideras infundada? Comparte tu experiencia y únete al debate sobre cómo defender nuestros derechos.”
Conclusión
La verdadera importancia del vicio de falso supuesto trasciende el debate jurídico para convertirse en un principio fundamental para la sociedad. Deja como enseñanza que el poder del Estado, para ser legítimo, debe estar anclado a la realidad. Para el ciudadano, la defensa contra el falso supuesto representa una garantía crucial contra la arbitrariedad administrativa: el derecho a que las decisiones que afectan su vida (una sanción, un impuesto, la negación de un permiso) se basen en hechos verificables y en un derecho correctamente interpretado, no en errores, suposiciones o ficciones.
Cuando este principio se vulnera, no solo se produce un acto anulable, sino que se erosiona la confianza en las instituciones y se abre la puerta a la arbitrariedad administrativa. Por tanto, más que una herramienta legal, el control del falso supuesto es un acto de defensa de la justicia y un freno a la arbitrariedad administrativa. Es el recordatorio de que en un Estado de derecho, la verdad de los hechos es el límite infranqueable del poder.
“El conocimiento es poder. Si este artículo te resultó útil, compártelo en tus redes sociales y ayuda a otros a identificar y combatir la arbitrariedad administrativa.”