Se revisan las potestades de investigaciòn y control que tiene la Asamblea Nacional en las investigaciones llevadas adelantes por sus comisiones especiales o permanentes en el marco de la Constitución(en lo sucesivo CRBV), la Ley Sobre el Régimen de comparecencia de funcionarios y funcionarias públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones(en lo sucesivo LRCFyFPPAN), y el Reglamento de Interior y de debates de   la Asamblea Nacional(en lo sucesivo RIyDAN). Para una revisión más detallada de las normas vinculadas pueden revisar las referencias normativas Aquí

Los órganos legislativos de cada uno de los niveles políticos territoriales tradicionalmente además de su potestad creadora de normas de rango legal, se les atribuye potestades de control político. Específicamente la actual Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución.Resalta la potestad de la Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, y que puede llevar como consecuencia final la declaratoria de la responsabilidad política de los funcionarios públicos  y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. En este sentido se pronuncia la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 27-11-2002 (caso LUIS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ) donde señaló:

 Como puede observarse esta facultad está dada a la Asamblea Nacional de manera expresa por el texto constitucional, situación distinta a la de la Constitución de 1961 que no contemplaba expresamente la posibilidad para el Congreso de realizar declaraciones de responsabilidad de los funcionarios, pero sí tenía el órgano legislativo ese poder implícito, por cuanto le habían sido encomendadas constitucionalmente atribuciones investigativas

La potestad investigativa se encuentra atribuida indistintamente a la Plenaria, o a cualquiera de sus comisiones (permanentes, ordinarias y especiales). Resulta oportuno indicar que los Diputados, individualmente considerados, carecen de competencia y atribuciones en materia control en este sentido la Sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 07-04-2005 (caso CONRADO PÉREZ BRICEÑO Y OTROS) donde señaló:

Los Diputados individualmente no se expresan jamás en nombre de la Asamblea Nacional, sino de manera personal o, a lo sumo, como voceros del grupo al que pertenezcan. Los Parlamentos, como se sabe, son el lugar de reunión de las fuerzas políticas (del país, estado, municipio) y sólo actúan en nombre del Estado cuando, de conformidad con los procedimientos constitucionales, sancionan las leyes o dictan cualesquiera de los actos para los que están facultados. Esos actos son voluntad del órgano y, con ella, del Estado. Las actuaciones de sus miembros, sea en debates de Cámara, en participación en Comisiones o en cualquier otra forma, no son imputables al órgano.

La Comisión actuante(permanente o especial) está constituida por la Plenaria, la Junta Directiva, la Secretaría. Los integrantes de las comisiones serán definidos por el Presidente de la Asamblea Nacional en un número impar. Tendrá reuniones ordinarias por lo menos 2 veces al mes al mes en su sede y además por solicitud del Presidente de la Comisión, las cuales deben ser públicas salvo calificación de confidencial

El quórum de instalación y funcionamiento es la 1/3 de sus miembros, salvo informes y/o acuerdo que requiere la ½ más 1 de sus integrantes presentes. La mayoría necesaria para la toma de decisiones es la mayoría absoluta de los presentes. Para el ejercicio de las potestades investigación la Asamblea nacional y sus Comisiones podrán: 

  • Realizar investigaciones a funcionarios y/o particulares .
  • Hacer comparecer a funcionarios y/o particulares
  • Realizar interpelaciones a funcionarios y/o particulares, limitada al ejercicio de sus funciones y  calificando su publicidad.
  • Realizar preguntas por escrito u oral a funcionarios y/o particulares.
    • Acudir o presentarse del ente u órgano investigado, atribución de la Asamblea o sus comisiones (no atribuida expresamente a las subcomisiones) para que con previa notificación por escrito con un mínimo de setenta y dos (72) horas de anticipación, al acudir a la sede del ente u organismo investigado.
  • Requerir la información  y documentos que requieran la Comisión (no atribuida expresamente a las subcomisiones) para el cumplimiento de sus funciones. Potestad en cabeza de Asamblea o sus comisiones (no atribuida a las subcomisiones) que  pudiera ejercerse dentro o fuera del contexto de visitas y/o interpelaciones, pero para lo cual NO se prevé un lapso específico para el suministro de esa información o remisión de esos documentos, después de su requerimiento. Ante el deber del respeto a las mínimas garantías del debido proceso y la necesidad de que el requerimiento sea por escrito  un lapso razonable para el ejercicio del derecho a la defensa creo que se debe otorgar por lo menos el lapso de setenta y dos (72) horas después del requerimiento.
  • Trasladarse fuera del país con el objeto de instruir una investigación.
  • Autorizaciones y aprobaciones parlamentarias
  • El carácter de medio probatorio de sus actuaciones para procedimientos penales o administrativos.
  • Sancionar ante negativa injustificadas de acceso u obstaculización de investigación, inasistencias injustificadas a la comparecencia

La Comisión a quien se le asigne la investigación que a nuestro entender debe cumplir con todas las garantías que implica el debido proceso, pero que dado el carácter político de la investigación realizada por el Poder Legislativo el mismo se encuentra moderado este sentido la Sentencia de Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia fecha 02-06-2003 (caso Minera Las Cristinas, C.A., vs Asamblea Nacional) señaló:

 Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 222 de la Constitución, las investigaciones que realiza la Asamblea Nacional o sus Comisiones en el ejercicio de la función de control, tienen por finalidad el declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano el ejercicio de las acciones pertinentes para hacer efectiva dicha responsabilidad.  En tal sentido, el mencionado precepto constitucional dispone lo siguiente:

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(omisis)

De acuerdo a la norma constitucional antes transcrita, las investigaciones que realizan las Comisiones de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus funciones de control, tienen carácter político, por lo que las personas que denuncien presuntas infracciones cometidas por funcionarios públicos con la finalidad de que el Poder Legislativo ejerza sus atribuciones de fiscalización, mediante la realización de la investigación correspondiente, no pueden ser consideradas como partes de dichos procedimientos, aun cuando los hechos denunciados constituyan lesión a sus derechos e intereses legítimos, ya que el mencionado mecanismo de control político, no es el medio idóneo para dirimir un conflicto intersubjetivo de intereses.

Rechazamos la posición planteada por que aunque la investigación no conlleva una multa, inhabilitación o sanción específica y concreta, dicha responsabilidad política indudablemente afecta el honor y reputación de investigado En este sentido lo expresó la misma Sala Constitucional en sentencia de fecha 25-06-2002 (caso LUIS COVA ARRIA ) cuando indico 

Es cierto que la declaratoria de responsabilidad efectuada por los cuerpos deliberantes no tiene la consecuencia directa sobre el afectado de obligarle a asumir ninguna conducta. Sin embargo, ello no implica que no carezca de consecuencias. Las tiene, y el mismo Procurador General lo indica en su escrito: la posibilidad de remitir el caso a los órganos que resulten competentes para que sean ellos los que determinen o tramiten la responsabilidad efectiva. Basta la lectura del acto impugnado para constatar como, de hecho, tras la votación de los congresantes, se decidió entregar todos los recaudos al Ministerio Público y al Contralor General de la República a fin de que se hicieran efectivas esas responsabilidades que se estaban declarando.

Es más, la sola declaración de responsabilidad afecta a la persona contra la que se dirige, así no se siga otro procedimiento posterior, puesto que le coloca en una situación de descrédito, la cual, si bien no le obliga a actuar en un sentido determinado, sí altera su posición jurídica. Esa declaratoria acompaña a quien la sufre y, aparte del daño moral que resulta implícito, eventualmente pudiera afectarle de manera más directa.

Por lo expuesto, esta Sala Constitucional declara que un acto como el objeto de esta demanda sí es impugnable, debido al principio de universalidad que rige en nuestro régimen de control de la actuación estatal. Así se decide.

Dentro de la investigaciòn un especial interés merece las interpelaciones las mismas tienen el siguiente procedimiento:

    • La Citación de la persona interpelada con mínimo 72 horas de anticipación. Entregada de manera personal en caso de ser un particulares y el supuesto de ser funcionario por intermedio de su máximo jerarca . debiendo contener:
      • La fecha de comparecencia.
      • La comisión.
      • El nombre y apellido, dirección o lugar de trabajo del solicitado.
      • El lugar, día y hora de la comparecencia con el apercibimiento de las sanciones.
      • El objeto de la comparecencia
      • La referencia de que quedan a salvo los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
      • Suscrito por presidente de la Comisión 
    • El invitado podrá solicitar el diferimiento en caso de enfermedad u otros motivos de fuerza mayor
  • La interpelación podrá ser realizada por la Comisión en el  Lugar, día y hora fijada pudiendo dar un lapso de espera de 30 minutos para la constitución de quórum, por lo que será la sede de la Comisión salón de sesiones salvo acuerdo de la mayoría.
  • En principios las interpelaciones serán públicas, salvo que la plenaria las declare secreta o reserva de lo cual se dejara constancia en el acta, exclusión no extensible a los Diputados no miembros de esa comisión  a  los que por práctica se le permitir el acceso y voz en las deliberaciones. Además existe la posibilidad que los ciudadanos participen como invitados u observadores.
  • Los interpelados tienen derecho  a la Asistencia de abogados y otros asesores, así como el  respecto a las garantías fundamentales.
  • La materia u objeto de la interpelación debe limitarse a las funciones propias del compareciente, dentro de estas únicamente aquellas que fueron detalladas en la invitación.
  • La dinámicas de estas sesiones se inicia una explicación de la metodología y objeto de la invitación a cargo del presidente de la comisión, iniciándose un lapsos de 5 minutos c/u para que los diputados formulen las preguntas permitiéndose en cada caso al interpelado el tiempo necesario para las respuestas correspondientes.Culminada la primera fase de preguntas existe un derecho de palabra de hasta 10 minutos por parte del interpelado. A continuación se permite un derecho de palabra de hasta 5 minutos para cada diputado y en caso de formular nuevas preguntas  la posibilidad de responder para el interpelado. De la interpelación será grabada y teniendo carácter probatorio lo expresado en la misma de lo cual se levantará un acta firmada por el presidente y secretario.
  • Culminada la sustanciación la Comisión elaborará y debatirá el  Informe final de  investigación que podrá ser aprobado o rechazado.
  • Aprobado el informe será remitido a la Plenaria de la Asamblea Nacional para su consideración acoger, rechazar o modificar en todo o en parte la proposición o proposiciones del Informe, o pasarlo nuevamente a la misma Comisión, o si se trata de una Comisión Especial. En caso que se apruebe el informe que determine la responsabilidad investigado la imposición de Responsabilidad política.
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Se ha entendido ocasionalmente que la Asamblea Nacional además de imponer la responsabilidad política a funcionarios, limitada a los altos funcionarios, puede imponer la responsabilidad administrativa a funcionarios de menor jerarquía e incluso a particulares, en este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25-06-2002 (caso LUIS COVA ARRIA ) cuando indicó:

En el caso de autos, las responsabilidades que fueron declaradas fueron la política y la administrativa. La diferenciación entre ambos tipos de responsabilidad es sencilla y se basa en la jerarquía del órgano investigado.

En primer lugar, la responsabilidad política es imputable sólo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional (Congreso y ahora Asamblea Nacional) sólo puede ser declarado responsable en lo político el Presidente de la Republica y los Ministros, como órganos directos que son de aquél. Nadie, aparte de tales personas, puede incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza. Lo que hace el órgano parlamentario es controlar la actuación (u omisión) de quienes han resultado encargados de conducir al Estado. El poder parlamentario no cesa con esa declaratoria de responsabilidad política, sino que ésta podría ir seguida de otras acciones, como la autorización para el enjuiciamiento del Presidente o el voto de censura a uno o varios ministros. Por lo tanto, es evidente que el Congreso de la República incurrió en extralimitación de atribuciones al declarar la responsabilidad política del recurrente, quien no ocupaba ni ha ocupado puesto alguno de dirección política del Estado. Así se declara.

La responsabilidad administrativa, en cambio, es mucho más amplia, ya que puede declararse respecto de personas que no ocupen tan altos cargos estatales. Se basa en las infracciones que, en criterio del órgano que la declare, hayan cometido personas encargadas de la Administración Pública. Esa misma responsabilidad administrativa podría ser declarada por otros órganos, en concreto por la Contraloría General de la Republica, pero para ello sí se exige el cumplimiento de ciertos requisitos previstos en las leyes, debido a que la declaratoria apareja unas concretas consecuencias directas sobre el afectado. Por ello, la Constitución establece que es necesario el envío de los recaudos a los órganos que sean competentes para hacer efectiva la responsabilidad.

Como se observa, ambas formas de declaratoria de responsabilidad tienen un origen evidente: que el órgano parlamentario pueda controlar efectivamente a la Administración Pública, cometido que tiene atribuido constitucionalmente (artículo 139 del texto de 1961 y 187, numeral 3, del actual). Así, el poder contralor sobre la Administración Pública Nacional tiene como consecuencia necesaria la posibilidad de declarar responsabilidad, pero es ese mismo origen el que establece su límite: el Congreso podría investigar las mas variadas situaciones, pero su poder de declarar la responsabilidad se restringe a las personas que ocupen cargos en la Administración Pública, puesto que son las que actúan por ella.

Ahora bien, existen casos en los que particulares, sin ocupar cargos en la Administración Pública, participan en el ejercicio de los poderes administrativos. En tales supuestos, es necesario que esas personas respondan por sus actuaciones u omisiones, si con ellas se viesen perjudicados los intereses públicos, de la misma manera en que sucedería si se tratase de funcionarios. Es lo que hace, por ejemplo, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, puesto que dicho texto legal pretende sancionar las irregularidades que vayan an desmedro de las finanzas del Estado o de la corrección en el comportamiento de los órganos estatales. Por lo general, sólo los funcionarios estarán en posición de causar el daño que dicha ley penaliza, pero no son pocos los casos en que los particulares están incursos en hechos también sancionables. No debe haber, así, distinción entre unos y otros, ya que el bien protegido –el patrimonio público- no puede depender de cuál sea la cualidad del infractor.

En consecuencia, esta Sala declara que el Congreso de la República sí podía extender su poder para declarar la responsabilidad administrativa de personas que no ostentasen la cualidad de funcionario público, tal como podría hacerlo hoy la Asamblea Nacional. Así, no es necesaria una expresa disposición constitucional para permitir al Congreso de la República (o al órgano con facultades similares) que, al investigar la administración de los fondos públicos, se declare la responsabilidad de personas que no sean funcionarios.

Como se evidencia la plenaria de la Asamblea Nacional y las correspondientes Comisiones(ordinarias o especiales) se encuentra dotada de amplias potestades para la investigación de la actuación de funcionarios y particulares, pero su ejercicio debe respetar los derechos y garantiías constitucionales.

A la espera de sus comentarios se despide

Julio Alejandro Pérez Graterol

Abogado-Consultor